Nuestro compromiso con la educación técnico profesional está en el corazón de nuestro Programa de Gobierno y de una política que se haga cargo de las necesidades de nuestro país para poder alcanzar un desarrollo integral e inclusivo durante la próxima década.
Para esto debemos saber priorizar correctamente y partir avanzando por aquellos grupos que más lo necesitan y, en ese contexto, la formación técnico profesional ha sido, históricamente, uno de los eslabones más débiles de nuestros esfuerzos por alcanzar el desarrollo.
La firma del Proyecto de Ley extiende la gratuidad en la Educación Superior Técnico Profesional al 70% de los estudiantes más vulnerables de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales actualmente adscritos a la gratuidad y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior.
Con esto, damos un primer paso para cumplir nuestra promesa de avanzar progresivamente hasta alcanzar un 90% de gratuidad para los estudiantes técnico profesionales más vulnerables.
Nos comprometemos a saldar una deuda histórica.
Durante los últimos años, sólo alrededor del 15% del financiamiento del Estado para la educación superior se ha destinado al sector técnico profesional. En 2017 la matrícula de pregrado en la Educación Superior Técnico Profesional de más de medio millón de estudiantes representaba el 43,5% de la matrícula total en la educación superior del país.
Por eso, debemos reconocer que la Educación Superior Técnico Profesional no ha recibido de parte del Estado el reconocimiento y el apoyo que merece, siendo muchas veces postergada frente a las necesidades de los planteles universitarios. Este trato diferenciado se tradujo también en una discriminación arbitraria del Estado en materia de asignación de becas y créditos, que perjudicó durante largos años a los estudiantes de carreras técnico profesionales.
En la actualidad 76% de la matrícula de los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica proviene de los 7 primeros deciles de ingreso, es decir, de jóvenes de menores recursos económicos.
Por eso el paso que damos hoy es un reconocimiento de la fuerza indispensable para el desarrollo que representan nuestros técnicos, así como también del valor de la educación técnico profesional para fomentar la movilidad social y el desarrollo de nuestras clases medias.
El paso que damos hoy, es un reconocimiento de la fuerza indispensable que significan nuestros técnicos para lograr el desarrollo.
Haremos una inversión de $19.527 millones de pesos durante el primer año que beneficiará con la gratuidad a 12.954 nuevos estudiantes de la Educación Superior Técnico Profesional.
Gracias a esta iniciativa se aumentará a 167 mil el total de estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que cursarán estudios gratuitos a contar del próximo año, con un costo total de $310 mil millones anuales.
Pero nuestros esfuerzos no se detendrán con esto. La aspiración de este Gobierno es llegar a un 90% de gratuidad en la medida en que el crecimiento económico y las arcas fiscales lo permitan.
Lo anterior, se hará sin perjuicio del cronograma general de expansión de la gratuidad establecido en la Ley de Educación Superior. Vale decir, se mantendrá el beneficio para los estudiantes que ya hayan accedido a ella o tengan derecho a hacerlo en el futuro, así como las becas para aquellos del sexto y séptimo decil de ingresos que estudien en instituciones acreditadas.
Entre nuestras preocupaciones prioritarias están también el reforzamiento de la educación técnico profesional a nivel secundario y su coordinación con la educación superior en este ámbito. Por ello, pondremos un especial esfuerzo en la creación de Liceos Técnico Profesionales de Excelencia, en el marco de los 300 liceos de excelencia que nos hemos comprometido a crear.
Y junto a ello está nuestro compromiso con la formación y capacitación permanente de nuestros trabajadores. Porque en nuestro tiempo el conocimiento no se aprende en el 20% inicial de nuestras vidas para luego aplicarlo en el 80% restante. Hoy debemos dedicarle al menos un 20% de nuestra actividad a mantenernos vigentes como profesionales y no ser presas de esa obsolescencia acelerada que es propia de una época como la nuestra, donde el progreso tecnológico avanza con una rapidez vertiginosa.
Ello, junto a nuestra preocupación prioritaria por la ampliación de la cobertura de la educación preescolar y el mejoramiento general de la calidad de la educación, nos dará las herramientas para convertir a Chile en el primer país desarrollado, de manera integral e inclusiva, de América Latina.
